Una delegación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática fue recibida el 16 de abril en la Casa de Gobierno, donde presentó una lista de 21 puntos que deberían tenerse en cuenta para una futura ley democrática.
La coalición es una multisectorial interdisciplinaria creada en 2004, integrada por organismos de Derechos Humanos; universidades nacionales; radios universitarias; organizaciones sociales y gremiales; cooperativas; foros, organizaciones e institutos de radios de todo el país.
Entre sus miembros más salientes están Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980; Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; Alba Lanzilotto, Abuelas de Plaza de Mayo; y entidades como el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y el capítulo argentino de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Durante la audiencia — en la que dialogaron con la presidenta de la nación Cristina Fernández el Secretario de Medios Enrique Albistur, el interventor y el secretario general del COMFER, Juan Gabriel Mariotto y Sergio Fernández Novoa respectivamente —, el secretario general de FARCO, Néstor Busso, declaró la necesidad de poner límites a los monopolios porque “las frecuencias son patrimonio de todos los argentinos y no deben estar exclusivamente dedicadas a lo comercial”.
Por su parte, la presidenta observó que el mapa de medios en el país ha cambiado mucho en los últimos años, pero que “todavía debe cambiar mucho más, y la parte del cambio que me corresponde a mí, la haré sin prisa pero sin pausa”.
Según pudo averiguar este medio, el texto de la nueva ley fue presentado en la Cámara de Diputados el 17 de abril, y el compromiso asumido por las autoridades estatales fue darle estado parlamentario a principios de mayo.
Sin embargo, comenzado el mes de junio el proyecto todavía no había salido del Poder Ejecutivo. Al cierre de esta edición se esperaba que ingrese a la Cámara Baja antes de fines del mismo mes. “Entrará por Diputados ya que tiene tasas, y por reglamento debe seguir ese camino”, dijo Miguel Vidal, miembro de la mesa directiva de FARCO.
“Los 21 puntos serán inamovibles en la futura ley”, dijo Mariotto. “Varios funcionarios y la propia presidenta se expresaron de manera similar”, agregó Busso. Este gesto positivo se suma al hecho de que, desde hace tiempo, el Secretario General de FARCO integra una mesa de trabajo sobre el tema junto a la Secretaría de Comunicaciones.
“El texto del proyecto es casi el mismo que presentó FARCO”, dijo Vidal, quien sin embargo se mostró cauteloso de cara al futuro porque “el gobierno va a invitar a otros sectores que todavía no tienen proyectos, pero son muy poderosos”.
Los sectores aludidos son las cámaras de medios privados, como la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). Sólo el primero de estos organismos admitió contactos previos con Mariotto, a quien le presentaron un proyecto de ley propio a fines de abril.
El presidente de ARPA, Alberto Veiga, aseguró al diario La Nación que “si el Gobierno pone en marcha la nueva ley, en la práctica tendrá que sacar del aire a infinidad de radios ilegales y clandestinas. Para dividir el mercado, primero hay que ordenarlo”. Esta afirmación se contrapone con el objetivo de la coalición de desterrar la mercantilización del espectro y dividirlo en partes iguales según el modelo de gestión de las emisoras (privada comercial, pública estatal y social comunitaria).
Otro elemento que despertó suspicacias es que la presentación de la nueva ley se realizó durante un período de recrudecimiento del enfrentamiento que mantienen el gobierno y los medios de comunicación en torno a dos ejes: la disputa por el control de Papel Prensa (la empresa proveedora de este insumo básico, con porcentaje accionario del estado pero controlada por el grupo Clarín) y el avance del estado en su intención de controlar la actividad y contenidos de los medios.
A raíz de esta circunstancia, algunos analistas ven a la ley de radiodifusión como la herramienta con que el gobierno busca forzar una resolución positiva a sus intereses de ambas cuestiones que, de concretarse, podría anular el avance de la norma en el parlamento.
