El Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, que aglutina a unas 500 estaciones, declaró que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconoce el trabajo que realizan las radios comunitarias en las comunidades indígenas. El movimiento solicitó a los responsables de impartir justicia la observancia de convenios internacionales para aplicar la ley, coordinando el sistema jurídico indígena con el sistema jurídico oficial.
La Cámara Penal de la CSJ envió una circular a los responsables de los juzgados de todo el país en la que solicita el cumplimiento de los convenios y tratados suscritos por el estado de Guatemala para que al momento de aplicar la justicia se tome en cuenta el derecho de los pueblos indígenas.
Marcelino Nicolás, representante de ese movimiento, explicó que con este aviso de acatamiento la Cámara Penal reconoce todas las disposiciones contenidas en los convenios y declaraciones sobre derechos humanos y sociales. De acuerdo con el artículo 46 de la Constitución Política del país, estos tienen preeminencia sobre el derecho interno, razón por la cual los jueces y magistrados deben aplicar la normativa citada en los casos concretos en los que intervienen personas indígenas.
“Consideramos que con esta resolución debería cesar la persecución a las radios comunitarias y diferenciar éstas de las radios sectarias, religiosas y confesionarias que son ajenas a los objetivos de una emisora alternativa que hace comunicación en una comunidad indígena”, dijo Nicolás.
El Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala está conformado por unas 500 radios distribuidas por separado en las organizaciones: Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala (ARCG), Encuentro de Expresiones “Mujbablyol” y la Asociación Sobrevivencia Cultural.
— Mario Rivero Nájera
