A mediados de septiembre de 2009, la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional inició el debate de tres proyectos de ley de comunicación para el Ecuador.
Los asambleístas que presentaron las citadas propuestas fueron Rolando Panchana (Movimiento País, oficialista), César Montúfar (Movimiento Concertación Nacional Democrática) y Lourdes Tibán (Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo), quien puso a consideración un texto consensuado por diversas organizaciones sociales, gremiales, educativas y periodísticas, agrupadas bajo el nombre de “Foro de la Comunicación”.
Casi de inmediato, desde los medios más poderosos y las distintas cámaras empresarias que los agrupan, surgieron críticas y campañas en contra del dictado de una ley para el sector. La mayor parte de los cuestionamientos se centraron en la llamada “ley Panchana” — que recibió en reiteradas ocasiones el calificativo de “mordaza” por parte de los principales periódicos del país —, aunque las otras iniciativas también merecieron réplicas.
“Estos proyectos de ley tal como están planteados representan una seria amenaza para la libertad de expresión y para la democracia toda”, dijo el abogado Mauricio Rodas en una entrevista con el diario El Comercio, de Quito.
“Vamos a sacar lo mejor de las tres propuestas”, prometió Betty Carrillo, presidenta de la comisión ocasional, a la revista Vistazo.
En consecuencia, el primer paso fue realizar un estudio comparativo de los proyectos para identificar sus semejanzas, sus diferencias y su respeto por las leyes y tratados internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Esta labor se delegó en una subcomisión integrada por los asesores de los asambleístas, quienes luego tomaron el informe como referencia para comenzar su trabajo, con el objetivo de presentar un único texto ante el pleno de la Asamblea el 21 de noviembre.
Asimismo se constituyó un comité consultivo ad honorem, integrado por varios profesionales de reconocida trayectoria en los medios de comunicación. La misión de este grupo fue aportar elementos de análisis para el debate de la norma, aunque sus opiniones no tienen carácter vinculante. Entre los miembros del comité se encuentran Miguel Rivadeneira, director de noticias de Radio Quito; Rubén Montoya, director del diario público El Telégrafo; César Ricaurte, crítico de televisión y director de Fundamedios; y Hernán Reyes, sociólogo y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, UASB.
Las divergencias entre los asambleístas en ciertos considerandos clave, sin embargo, han marcado un ritmo lento en la definición del articulado final: al cierre de esta edición se habían aprobado tan sólo 14 artículos, que no integraban el “núcleo duro” de la futura ley.
Algunos de los debates todavía pendientes se refieren a la futura distribución del espectro radioeléctrico; la definición y el rol de los medios públicos, privados y comunitarios; la conformación de los organismos de aplicación; los derechos y deberes de los comunicadores; y la divulgación por la prensa de información materia de controversia judicial.
Pese a los modestos avances realizados hasta el momento por la Comisión Ocasional de Comunicación, Frank La Rue — relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión — elogió el trabajo legislativo por “el carácter democrático” apreciado en todo el proceso.
“Están equivocados quienes creen que no debe existir una ley de este tipo, porque sólo una norma legal permitirá el acceso democrático al espectro radioeléctrico”, dijo La Rue, tras reunirse con la presidenta de la comisión.
