Dueña de una larga trayectoria periodística y de militancia gremial, Lidia Fagale ocupa la Secretaría General Adjunta de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Además, desde su creación en mayo de 2002, Fagale es responsable del Observatorio Político, Social y Cultural de Medios de esa organización.
(click thumbnail)
Jorge J. Basilago, corresponsal de Radio World, la entrevistó para conocer sus opiniones sobre el estado de la radiodifusión argentina, las perspectivas acerca del posible dictado de una nueva ley para el sector y la lucha por un modelo de comunicación más equitativo y democrático.
Radio World: ¿Qué perspectiva tiene sobre la radiodifusión argentina actual?
Lidia Fagale: No existen cambios significativos en los contenidos y formatos artísticos e informativos. Esto significa que, más allá de la voluntad política expresada por el ejecutivo para derogar la Ley de Radiodifusión, el escenario mediático no ha variado. Más bien se ha posicionado más solidamente para disputar el mercado que viene tras la transformación del sistema analógico al digital.
Desde la UTPBA no podemos analizar ningún tema de la realidad sin considerar el contexto en el que se inserta. Las perspectivas de nuestra organización se pueden inferir diferenciando el deseo histórico de contar en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo con una comunicación democrática, respecto de las posibilidades reales de contar con una herramienta, en este caso una ley de radiodifusión, que garantice estas expectativas.
Las leyes no son ni buenas ni malas en sí mismas, lo que se requiere es una fuerza social capaz de hacerlas cumplir. Y esto es lo difícil. Distintas fuerzas sociales. Hemos venido luchando hace más de 25 años por un marco normativo que proteja el derecho a la comunicación social y esta lucha está asociada indefectiblemente a la lucha por un modelo de país donde la distribución de la riqueza sea cada vez más equitativa.
Esta lógica sustenta nuestra comprensión del problema de fondo: no hay ni habrá democracia informativa sin democracia económica. Creo que queda claro cuáles son nuestras expectativas y en qué aspectos centramos nuestra lucha como comunicadores, como periodistas, como ciudadanos. Planteamos la necesidad de tener una medida de acuerdo a las características que asume la lucha por una comunicación democrática. Tenemos que abarcar un universo mucho más amplio que aquel que nos sugieren las expectativas en torno a si se promulga o no una ley.
RW: Como miembro de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, ¿la UTPBA deposita esperanzas en el proyecto de ley anunciado por el gobierno argentino?
Fagale: La coalición es la expresión de un recorrido muy largo de muchas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, sindicales, académicas… Si por recorrido entendemos la puesta en la escena pública de un debate tantas veces postergado, debo admitir que cuanto más se involucre a la sociedad en la discusión sobre un derecho que no le cabe sólo a los entendidos, esto es un avance. De cualquier manera, el texto del Poder Ejecutivo para la nueva norma que legislaría la radiodifusión argentina, al día de hoy es una incógnita.
El estado tuvo voluntad, desde 1983, para impulsar decretos y leyes que le allanaron el camino a los oligopolios mediáticos; les perdonaron deudas millonarias que habían contraído durante la convertibilidad, les extendieron las licencias en forma automática por 10 años más. En fin, crearon monstruos contra los cuales hoy pretenden enfrentarse, sin haber beneficiado nunca a los miles de comunicadores que impulsan y desarrollan sus proyectos en la adversidad económica y legal, que hoy reclaman una solución definitiva y que no sólo requieren de una ley.
RW: ¿Qué avances o retrocesos realizó el actual gobierno en materia de radiodifusión?
Fagale: Si por la actual gestión entendemos los últimos cuatro años, me refiero a la gestión Kirchner, hay que decir que, del mismo modo en que hoy el gobierno plantea su voluntad para modificar el escenario de la radiodifusión, el ex presidente Néstor Kirchner fue quien promulgó la norma que consideró a los medios de comunicación patrimonio de la cultura, status que permitió que el estado argentino asumiera la millonaria deuda contraída por el sector privado mediático durante la convertibilidad.
También en ese período el Poder Ejecutivo prorrogó las licencias de estos grupos y facilitó la fusión de Multicanal con Cablevisión (NdeR: Las dos principales proveedoras de TV cable en Argentina), aunque esta instancia de concentración estuviera fuera de lo permitido.
Hoy existen expectativas, pero sujetas a presiones de distintos factores de poder político y económico que también vienen jugando un papel en otros conflictos. Por ejemplo, el “conflicto del campo” es un buen ejemplo de cómo los factores de poder se conjugan contra las políticas distributivas, aunque lo sean mínimamente.
Es difícil hablar de lo positivo o lo negativo, lo cierto es que cuando se habla de distribución del ingreso o de la riqueza, concepto aplicable a la distribución equitativa de la comunicación, estamos discutiendo un modelo de sociedad, de país, de mundo. Si por positivo entiendo el debate, pues bien, el debate está, aunque no por ello cuente la mayoría con canales de expresión propios o acceso al universo informativo. Y esto es lo negativo.
RW: ¿Cómo analiza los cambios de funcionarios en el área de comunicación del Estado y la gestión de Gabriel Mariotto como interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)?
Fagale: No creo que el cambio de funcionarios influya en el cambio real de las políticas de cualquier instancia del estado. Es cierto que la presencia de determinados funcionarios facilita algunas veces un mejor diálogo; pero esos mismos funcionarios del COMFER, por ejemplo, muchas veces nos han dicho off the record que no pueden controlar siquiera los pisos del edificio donde están sus oficinas.
Tampoco, a pesar de escuchar expectativas y propuestas, pueden llevarlas a cabo, dado que no se trata de su capacidad de gestión sino del poco margen que tienen para la incidencia dentro de las políticas generales del estado.
La buena voluntad de algunos funcionarios no implica que desde el COMFER se respalden las grandes propuestas del conjunto de sectores que hemos luchado durante años por democratizar la comunicación, por impulsar un proyecto de desarrollo distinto al que pulverizó la dictadura y también la lógica neoliberal aplicada desde gobiernos democráticos.
El cambio de esta lógica es mucho más que el cambio de funcionarios. Sí dialogamos con muchos de ellos, hemos estado con la presidenta del país y otras organizaciones hablando del tema, hemos estado en el congreso fijando posición sobre el acceso a la Información Pública que aún no se ha reglamentado, hemos participado desde 1983 en todos los ámbitos a los cuales fuimos convocados y hoy lo volvemos hacer. Pero nuestras expectativas son producto de un proceso histórico del país, del análisis real y objetivo de las condiciones económicas y subjetivo de las fuerzas sociales, que son las que podrán — o no — garantizar un cambio.
Al interventor actual le tocó asumir la decisión política de llevar adelante un proyecto de radiodifusión que reemplace al anterior. El tema no es personal ni dependerá de su garra, de su esfuerzo, de sus virtudes como ser humano o como funcionario, sino más bien de un conjunto de factores de poder hegemónico y de resistencia de una sociedad.
Si el estado está en capacidad de leer este tablero de ajedrez y se pone de acuerdo acerca de cuáles son sus aliados económicos, políticos, gremiales y sociales, sabremos a qué distancia estamos de lograr, entre otros objetivos, éste.
RW: ¿Debilitó el conflicto entre el gobierno y las entidades agrícolas el avance legislativo de una nueva ley de radiodifusión?
Fagale: Existen versiones sobre que el proyecto de radiodifusión del ejecutivo no fue al congreso en la fecha prevista tras la derrota parlamentaria del proyecto sobre las retenciones agrícolas. Se puede deducir que los sectores económicos que representan al agro están asociados ideológica y algunos económicamente a los sectores más concentrados de los medios de comunicación, lo que preanuncia otra derrota.
Otros funcionarios han adelantado la intención de tratar el tema en el parlamento más allá de la situación antes mencionada. Lo cierto es que el cuadro de situación político y económico no le está allanando a la futura ley un camino seguro.
Por otro lado, se ponen enormes expectativas en una ley que no es retroactiva y que no modificará el cuadro de situación actual en materia de concentración mediática. Y si lo hace será porque, en parte, están dadas las condiciones para que los grupos oligopólicos suelten algunos negocios que ya no son redituables.
El sistema digital, que permite mayor cantidad de señales de televisión y frecuencias de radio, nos sigue planteando un enorme interrogante: ¿podremos acceder a las tecnologías y equipamientos que permitirán adecuarse a él? La respuesta la tienen quienes hoy están en condiciones de disputar este campo; es decir, las grandes corporaciones mediáticas. El resto tiene — tenemos — un futuro incierto.
