Quince condenas y 52 procesos abiertos, por el delito de hurto de frecuencias, es el más reciente reporte del Ministerio Público sobre acciones contra radiodifusoras que operan ilegalmente y cuyos casos son ventilados en tribunales de distintas regiones del país.
“Quien opera una frecuencia robada comete el delito de hurto y los comerciantes ilegales deben ser procesados”, se advierte en un comunicado de la fiscalía, difundido a nivel nacional, amparado en promover la defensa de la justicia y la gobernabilidad.
Bayron Barrera, ex secretario de comunicación social de la presidencia de la república, se refirió al tema, señalando que se necesita un régimen de radios comunitarias, pero lamentablemente “no hay quien le ponga el cascabel al gato”.
“Cuando estuve al frente de la secretaría dimos prioridad al tema, se estableció una mesa de diálogo y se logró avanzar en la negociación para crear una ley, pero al retirarme del cargo el proceso murió y nadie le dio seguimiento”, dijo.
El tema de las interferencias radiales mantiene un aturdido proceso de conflictividad que no permite encontrar solución a esa pugna de intereses que lleva más de cinco años y en el que nadie parece querer ceder.
