El Ministerio Público, en coordinación con la Cámara de Radiodifusión, ha mantenido una copiosa campaña radial en la que advierte que: la utilización ilegal de las radiofrecuencias es un delito y que las personas que sean sorprendidas utilizando radios piratas, pueden ser condenadas a seis años de prisión.
Frank La Rue, relator especial del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas, aludió el tema afirmando que los pueblos indígenas deben tener sus propios medios de comunicación y calificó de “equivocada” la campaña del sector privado en contra de las radios comunitarias, ya que por un lado dicen “respetarlas”, pero por otro no hablan de la inexistencia de una ley que las reconozca.
Según La Rue, dentro del principio de diversidad también se debe entender el acceso de todos los sectores a los medios de comunicación social y esto incluye la comunicación comunitaria para los segmentos populares.
