Con la firma de la presidente Cristina Fernández y el jefe de gabinete Aníbal Fernández se publicó, en el Boletín Oficial del primero de septiembre, el decreto 1225/2010 reglamentario de la Ley N°26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Así la norma, promulgada en octubre de 2009, alcanzó la plena vigencia luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara varias medidas cautelares que buscaban evitar su aplicación.
“Se han tenido en cuenta con mucha claridad los aportes realizados por distintas personas y organizaciones, y toda la reglamentación se basa en esos aportes”, dijo Néstor Busso, titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CFCA) y uno de los principales impulsores del “Procedimiento de Elaboración Participativa” del texto del decreto.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, se mostró satisfecho por lo que consideró un avance significativo en materia de libertad de expresión. “La ley garantiza que haya muchos propietarios de licencias para que haya pluralidad: cada cual puede poner en su grilla lo que quiera”, enfatizó.
No obstante la entrada en vigor de la Ley de SCA, aún subsiste un recurso judicial que cuestiona su artículo 161. Este apartado — que fija el plazo en que los licenciatarios deberán ajustarse a la nueva normativa — ya se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema, órgano que definirá en última instancia su aplicación o modificación.
“Confiamos en que se va a resolver favorablemente a la aplicación de la ley, pero eso no impide que la ley se aplique en su totalidad con excepción de ese artículo para el grupo que se ha presentado cuestionándolo, que es el Grupo Clarín”, dijo Busso. En ese sentido, Mariotto subrayó que su equipo trabajará para que en el plazo de un año todos los medios estén ajustados a derecho: “No queremos monopolios ni posiciones dominantes”, dijo.
