Un grupo de organizaciones manifestó su rechazo por la denuncia penal que interpuso la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos en contra de los integrantes de la emisora comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León, mediante la utilización de la Ley General de Bienes Nacionales que implica castigo de cárcel hasta por 12 años y multa de aproximadamente 15 millones de pesos.
La comunidad Tierra y Libertad instaló una radio comunitaria que operaba desde hace siete años. Aunque la comunidad solicitó formalmente el permiso ante la SCT desde el 2002, 120 elementos de la Policía Federal Preventiva cerraron de manera violenta la emisora el 6 de junio de 2008.
Las organizaciones denunciaron que la utilización de la vía penal, en lugar de la vía administrativa que marca la ley especial en la materia, la Ley Federal de Radio y Televisión, “muestra un endurecimiento y el inicio de una política más represiva y persecutoria en contra de las emisoras comunitarias en el país y es un grave retroceso en materia de derechos humanos”.
“La libertad de expresión no debe estar enmarcada en el ámbito de la justicia penal”, agregaron las organizaciones. “Criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de lo ciudadanía es un grave atentado contra el Estado Democrático de Derecho, conforme lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”.
La denuncia no ha generado ninguna respuesta de la Segob hasta el momento de publicación de este artículo.
