Por Gabriel Sosa Plata
CIUDAD DE MÉXICO — El Instituto Nacional Electoral (INE) llevará cabo el monitoreo de 493 noticiarios con mayor audiencia — la mayoría de radio — en las 32 entidades federativas como parte de sus atribuciones de lograr elecciones limpias y equitativas en el 2015.
Este monitoreo tienen como objetivo fundamental que las coberturas informativas sobre las precampañas y campañas políticas se realicen en equidad y en condiciones técnicas similares a cada partido político y candidato para evitar privilegios hacia alguna fuerza política, práctica común antes de la transición democrática del año 2000.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en vigor desde mayo de 2014, ordena en su artículo 185 la realización de este monitoreo. “Los resultados se harán públicos, por lo menos cada 15 días a través de los tiempos destinados a la comunicación social del Instituto, y en los demás medios informativos que determine el Consejo General (del INE)”, dice la ley.
“Esta disposición es una conquista de la larga lucha por el derecho a la información de los ciudadanos en el proceso democrático y busca incidir en la equidad de la cobertura informativa por parte de los medios de comunicación en las contiendas electorales”, dijo el senador de oposición Javier Corral, en su colaboración para el sitio La Silla Rota (26 de octubre).
La primera ocasión que la autoridad electoral realizó un monitoreo de espacios informativos en radio y televisión fue en los comicios de 1994. Posteriormente, en la reforma electoral de 1996 quedó contemplada la obligación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) de realizar “monitoreos muestrales de los tiempos de transmisión sobre las campañas de los partidos políticos en los espacios noticiosos de los medios de comunicación”.
El Consejo General del INE, en la sesión del 22 de octubre, en una votación por mayoría de siete contra cuatro, decidió excluir de dicho monitoreo de radio y televisión, los programas de opinión, análisis y debate, por las dificultades que implica medir las opiniones de conductores, periodistas y analistas de los medios electrónicos. En cambio, se revisará la programación de revista y espectáculos, así como los espacios noticiosos.
En el caso de los programas de variedades y espectáculos, en procesos electorales previos se había detectado e incluso denunciado ante el extinto IFE la participación y/o inserción de comentarios y menciones a partidos y candidatos dentro de los contenidos, con fines de propaganda electoral.
En la misma sesión, el Consejo General dijo que estos programas serán monitoreados únicamente para valorar de forma cuantitativa el tiempo destinado a cada partido sin valorar la información presentada. La propuesta incluye cinco programas de opinión que se transmiten en televisión abierta y cinco programas de entretenimiento que se ven en televisión y se escuchan en radio.
Durante la sesión, los consejeros Benito Nacif y Enrique Andrade plantearon que la ley no los faculta para analizar programas que no sean noticiosos. Andrade invitó a los partidos a denunciar si perciben inequidad en la contienda o aparición tendenciosa de candidatos o partidos.
Esta decisión generó un debate entre los analistas, para quienes un monitoreo sin juicios no suma en el proceso. Para Aleida Calleja, del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), monitorear programas de opinión y análisis sin medir las valoraciones positivas o negativas hacia los partidos o candidatos, atenta contra el derecho a la información.
En el mismo sentido, Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), dijo que es indispensable que también se valoren las menciones en los programas de análisis y opinión, ya que son estos espacios los que más influyen en la generación de opinión pública.
En lo que respecta a los partidos políticos, el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD, reconocido como de izquierda en el país) ante el INE, Fernando Vargas, dijo que la reforma constitucional definió la radiodifusión como un servicio público de interés general, por lo que la radio y la televisión deben garantizar la pluralidad y veracidad de la información.
La representante del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana de Lachica, pidió dejar que los tribunales electorales se pronuncien, considerando que hay un nuevo marco legal que no se puede obviar.
Por su parte, el senador Javier Orozco Gómez, perteneciente al minoritario Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ex abogado general de Televisa, descalificó la actuación del INE y afirmó que la ley sólo contempla los programas noticiosos y califica la decisión del monitoreo de los programas de revista como “frívola”.
En contraparte, el senador Corral, del PAN, dijo que “bajo el pretexto de defender la libertad de expresión de los opinadores y comentaristas, se defendieron en realidad los intereses del duopolio de la televisión [refiri éndose a Televisa y TV Azteca, que concentran 95 por ciento de la audiencia televisiva], al que no quieren causarle ningún ‘acto de molestia’”
“El ejercicio de monitoreo no obstaculiza ni limita la libertad de expresión, no es vinculante de los lineamientos que se sugieren a los medios de comunicación y del monitoreo”, dijo Corral.
Jorge Bravo, secretario de investigación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), autor del libro El presidencialismo mediático, dijo que los medios electrónicos, principalmente la televisión, “siempre se han negado al escrutinio público y han cuestionado el monitoreo de sus espacios noticiosos”.
Bravo dijo que “desde hace varias elecciones atrás, la propaganda política y/o electoral no se identifica en los noticiarios sino que la verdadera afectación a la equidad se ubica en los programas de opinión, de revista y entretenimiento, como parte del trasiego de favores y negocios entre los medios, los candidatos y partidos o coaliciones”, por lo que también es útil el monitoreo de esos espacios.
La actuación de la renovada autoridad electoral ha sido polémica. El monitoreo será su primera actividad de fiscalización mediática durante el proceso electoral (también fiscalizará actos anticipados de precampaña y campaña, así como topes de gastos de cada partido político).
Es importante precisar que si algún noticiario de radio o televisión es particularmente tendencioso hacia algún partido político o candidato, no será sancionado. El monitoreo sólo busca evidenciar públicamente su falta de compromiso por la equidad informativa.
Los expertos en el tema consideran que el ejercicio de monitoreo no necesariamente será útil si no hay una clara convicción por parte de los medios electrónicos de que la autorregulación, la equidad y el respeto son indispensables para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, así como elecciones democráticas.
Según el calendario dado a conocer por la propia autoridad, las precampañas, que dan el banderazo inicial, comenzarán el 10 de enero de 2015 y tendrán una duración máxima de 40 días, Posteriormente se realizará el registro de candidatos entre el 22 y el 29 de marzo.
Las campañas electorales empezarán formalmente el día siguiente del registro de candidaturas y tendrán una duración de 60 días, con lo que concluirán el 3 de junio de 2015. La votación se llevará a cabo el domingo 7 de junio.
En las elecciones del 2015 se renovará la totalidad de las 500 curules de la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegaciones en el Distrito Federal.
Gabriel Sosa Plata es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y periodista, que contribuye regularmente con artículos para Radio World desde México.
