Por Jorge J. Basilago
BUENOS AIRES, Argentina — Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país, e incluso desde mucho antes, Mauricio Macri dejó en claro que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26.522 no le agradaba.
De hecho, como candidato, anticipó que pensaba mejorar esa norma durante su gobierno, según él, para asegurar una “mayor diversidad” en la información pública. Por eso no resultó extraño que, entre sus primeras medidas como presidente, hubiese varias tendientes a modificar la mencionada ley.
Lo que se cuestionó desde muchos sectores es la forma y el fondo de esos cambios, que ponen en duda — cuando no contradicen abiertamente — las publicitadas intenciones del primer mandatario.
El ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, durante el anuncio de la intervención estatal sobre AFSCA y AFTIC
Cortesía: Prensa Casa de GobiernoA poco de asumir, Macri designó como ministro de comunicaciones a Oscar Aguad. Este funcionario reafirmó las intenciones presidenciales de avanzar sobre el ámbito comunicacional, al anunciar que la Ley 26.522 no subsistiría durante la gestión macrista. Posteriormente intentó poner paños fríos sobre esa frase, aunque el resultado se sintió como una amenaza: “La ley de medios por ahora no se toca”, dijo el ministro el 23 de diciembre.
Pero la promesa nació incumplida, ya que Aguad acababa de anunciar una serie de medidas que implicaban, en la práctica, un avance sobre la norma: por medio de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 236/15 y 13/15, firmados por el presidente en días anteriores, se establecía la intervención del gobierno sobre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por 180 días, el cese en las funciones de los miembros de su directorio (pese a que algunos de ellos tenían mandato hasta 2017) y el traslado de sus competencias a la órbita del Ministerio de Comunicaciones.
Tal reestructuración de los organismos surgidos de la LSCA comportaba una enmienda de la misma. Realizada, además, por la discutida “vía rápida” de los DNU, ante el receso de actividad parlamentaria hasta marzo y con el afán de demostrar la “ejecutividad” del nuevo presidente, que volvió a utilizar el mismo recurso (DNU 267/15 y 7/16) para disolver la AFSCA y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), unificadas en el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Lo contradictorio del caso es que la conformación del directorio del ENACOM establece una notable dependencia del Poder Ejecutivo, hecho que la ley 26.522 previene pero que el actual presidente y sus hombres cuestionaron reiteradamente a la AFSCA. Con la actual reforma, sobre siete miembros de la autoridad de aplicación, cuatro son designados directamente por el Poder Ejecutivo (que además se reserva el derecho de removerlos “sin expresión de causa”), mientras que a los tres restantes los eligen las primeras minorías parlamentarias, con lo cual el partido de gobierno podría sumar un representante más y obtener la mayoría automática en todas las votaciones.
Presentación del nuevo ENACOM. De izquierda a derecha: el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; el jefe de gabinete, Marcos Peña; y el presidente del ENACOM, Miguel De Godoy
Cortesía: Prensa Casa de GobiernoEntrevistado para el diario Buenos Aires Herald, el Relator Especial de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, manifestó su preocupación por estas disposiciones. “Los estándares internacionales dicen que lo adecuado es tener organismos con autonomía tanto del ejecutivo como de los poderes fácticos, que sean capaces de regular los sistemas de medios de acuerdo a principios de legalidad”, remarcó Lanza, para agregar que “algo en lo que habíamos coincidido todos los relatores de libertad de expresión, de Naciones Unidas y de la OEA, es en que la estructura de AFSCA es uno de los aspectos positivos de la ley (26.522)”.
Pero mediante los mismos decretos se modificaron asimismo otros artículos de la LSCA destacados por los organismos multilaterales, en especial el 40, el 41 y el 45. En el primer caso, se extiende automáticamente la vigencia de las licencias por 10 años, sin importar la fecha original de su vencimiento. El nuevo artículo 41 habilita la transferencia de licencias (antes vedada) excepto cuando se trate de medios sin fines de lucro. Y en el 45, se eleva de 10 a 15 la cantidad de licencias en manos de un mismo operador.
Es decir que el escenario actual anularía las mejoras introducidas por la ley en materia de desconcentración y democratización de las comunicaciones, ya que además permitirá “revisar” los planes de adecuación presentados por los principales grupos de medios hasta el momento.
Si bien todas estas determinaciones — y otras ya anunciadas, como el dictado de una nueva norma que fusione las leyes de SCA y de Telecomunicaciones — todavía deben ser convalidadas por el congreso, las críticas no se hicieron esperar.
Las críticas fueron especialmente numerosas en ámbitos académicos y de medios alternativos, que mucho tuvieron que ver con la construcción de la LSCA promulgada en 2009. La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), por ejemplo, denunció que los decretos de Macri violaban “las instituciones democráticas” y dejaban a las universidades nacionales sin la representación lograda en la autoridad de aplicación.
Afiche difundido por organizaciones críticas de las medidas presidenciales“La Ley de Medios no se toca, ni por ahora ni nunca”, advirtió un comunicado de Erke, el departamento de comunicación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. “En estos años es mucho lo que se ha avanzado en materia de democratización de los medios y las comunicaciones y si bien todavía queda un largo camino por recorrer para garantizar la equidad y la pluralidad de voces, es imprescindible defender irrestrictamente la vigencia de la Ley de SCA y la independencia de sus organismos”, enfatiza el documento.
Incluso algunas agrupaciones y profesionales que criticaron aspectos puntuales de la LSCA, ahora cuestionaron las modificaciones realizadas por decreto. Tales fueron los casos del abogado constitucionalista Daniel Sabsay y del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entidad que advirtió que “ningún cambio a la ley, aprobada por el Congreso Nacional y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, debería ser efectuado mediante un decreto de necesidad y urgencia”.
Por su parte el reconocido abogado y docente Damián Loreti publicó, en su perfil de Facebook, un largo y pormenorizado análisis crítico de las determinaciones tomadas por el presidente argentino en el ámbito comunicacional. Apoyado en una nutrida jurisprudencia, Loreti concluye que “lo anunciado (por el gobierno) implica desconocer principios elementales del derecho que todos, de un modo u otro, nos hemos esforzado en practicar y garantizar”. Y en el mismo sentido se expresa en otro texto, cuya autoría comparte con los docentes e investigadores Diego De Charras y Luis Lozano.
También como respuesta a las políticas de Macri, se produjo el relanzamiento de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). Según se informó, este espacio multisectorial — principal impulsor del dictado de la ley 26.522 — que agrupa a más de 300 organizaciones, colectivos y medios de comunicación, se encuentra programando actividades “en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Derecho a la Comunicación” en distintas ciudades durante todo el verano austral.
Desde los sectores beneficiarios de los decretos presidenciales, en cambio, llegaron algunos elogios. La Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) manifestaron de inmediato su satisfacción al respecto. Para los directivos de ARPA, las recientes modificaciones “recogen favorablemente” muchas de sus críticas a la LSCA en el sentido de garantizar “la continuidad de las empresas y de las fuentes de trabajo que ellas generan”.
En coincidencia con lo anterior, AIR consideró que las medidas tomadas por Macri aportan “previsibilidad y seguridad jurídica a los actuales operadores, aspecto esencial para el ejercicio de la Libertad de Expresión y la existencia de medios de comunicación libres e independientes”. Y celebró que tales disposiciones “fomentan el crecimiento y desarrollo del sector, generando escenarios favorables para la promoción de inversiones de operadores nacionales y maximizando todas las potencialidades tecnológicas de los medios de comunicación”.
Por último ATVC se expresó de manera similar, argumentando que “la derogación de las irracionales asimetrías que regulaban al sector redundará en más inversiones y por ende en mejor calidad de servicios para los usuarios del país todo”, a la vez que avanza hacia “la convergencia de las comunicaciones”.
“La norma dictada por el gobierno tendiente a unificar la regulación en materia de comunicaciones, se emparenta con reglas de juego convergentes adoptadas en los mercados del hemisferio norte y también en naciones hermanas de América Latina”, se lee también en el documento de esta entidad, donde se les otorga erróneamente rango de “norma” a los DNU.
Mientras tanto, las voces críticas pasaron del discurso a la acción: en varios puntos del país se realizaron presentaciones judiciales para detener los cambios promovidos por los decretos presidenciales. Los primeros recursos de amparo contra estas medidas del Poder Ejecutivo fueron interpuestos por funcionarios de la AFSCA y aceptados por jueces de primera instancia. Pero los tribunales federales los rechazaron poco después.
Por el contrario, todavía subsisten otros trámites similares (presentados por ONGs, asociaciones de usuarios y consumidores y entidades como el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO) que mantienen en suspenso los efectos de los DNU. Una estrategia de judicialización que ya afrontó la LSCA desde su promulgación, al punto de nunca haber sido aplicada por completo hasta el presente. Sin embargo, ahora el ministro Aguad la caracterizó como un “atentado a la seguridad jurídica”.
Lo único cierto es que los conflictos de intereses no dejan de obstaculizar la regulación democrática de las comunicaciones en Argentina. Y que el inicio del período de sesiones legislativas promete ríspidos intercambios para resolver las diferencias.
Por eso, aunque había prometido “mejorar” la ley 26.522, el presidente Macri parece haber logrado todo lo contrario: “En menos de una semana pisoteó su propio relato republicanista con un aluvión de Decretos de Necesidad y Urgencia, que no tienen nada de necesarios ni de urgentes, con el fin de sortear el debate de nuestros representantes en el congreso, sabiendo que se puede convocar a sesiones extraordinarias”, lamentó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Jorge J. Basilago es periodista gráfico y radial independiente que cubre el acontecer mediático y cultural desde Buenos Aires, Argentina.
