Una vez que la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 377/08, que traspasó el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) a la órbita de la Jefatura de Gabinete, las voces críticas no tardaron en hacerse oír.
Apenas una semana después, la diputada Silvana Giudici (Unión Cívica Radical), presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara baja, presentó un proyecto de ley tendiente a revertir el traspaso por considerar “un serio contrasentido promover la concentración de áreas como la que posee el manejo de la pauta de publicidad oficial con la que ejerce el otorgamiento de licencias de radiodifusión”.
La Jefatura de Gabinete, actualmente a cargo de Alberto Fernández, tiene jurisdicción sobre el Sistema Nacional de Medios Públicos (compuesto por Radio Nacional y el Canal 7 de televisión) y la Agencia Nacional de Noticias (Télam) que, entre otras funciones, controla el flujo de la publicidad del estado.
Para Giudici, además de contradictoria esta medida encierra un gran riesgo latente: “En un principio administrativo que favorece la transparencia se suele señalar “el que habilita/autoriza no controla”, por lo que no es una buena medida concentrar en la misma área la relación institucional con los medios y el control de su funcionamiento”, se afirma entre los fundamentos del proyecto.
El texto del decreto presidencial, en tanto, afirma que el traspaso del COMFER a la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete responde a “razones de mejor administración y aprovechamiento de los recursos”. Este argumento fue desechado por dos diputados de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz y Fernando Iglesias, quienes consideraron al decreto como “una maniobra de concentración de poder y recursos que le permitirá al Gobierno el manejo discrecional de la información, el otorgamiento y prórroga de licencias de radio y televisión y la distribución tendenciosa de los fondos publicitarios de la pauta oficial”.
Dentro de este contexto, la medida de Cristina Fernández es congruente con el modelo aplicado por su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, durante su período como primer mandatario.
En su momento, Kirchner rubricó el decreto 527/05 para extender automáticamente, y sin exigencias a la vista, las licencias de radiodifusión, decisión cuestionada por casi todos los sectores involucrados en las comunicaciones. El matrimonio Kirchner también comparte el manejo discrecional de la pauta publicitaria oficial, que más de una vez fue señalado como herramienta coercitiva del estado en su relación con los medios, en especial los medianos y pequeños cuya subsistencia depende en gran medida de él.
