Por Alexandre K. Jobim
Alexandre K. Jobim Por varias décadas, principalmente en los años 60 y 70, tuvimos muchas restricciones en las libertades civiles en América Latina, en especial lo que tiene que ver con el respeto a la libertad de expresión.
Pasaron años de redemocratización en el continente, considerando la caída de los regímenes autoritarios, inclusive los de Europa del Este. También tuvimos un gran avance en varias áreas como la economía, los derechos y garantías individuales y colectivos, en la descentralización del estado y la libre iniciativa privada.
Sin embargo, en los últimos años hemos tenido algunos contratiempos en lo que respecta a la libertad de expresión que merecen ser entendidos, analizados y rechazados con vigor.
Con la modernización de los estados y la caída de los regímenes autoritarios, la población comenzó a experimentar el ejercicio de las libertades. La libertad de expresión, antes controlada en distintas manifestaciones como la música, las presentaciones artísticas y literarias, y principalmente la información, tuvo su importancia fundamental en la redemocratización en América Latina.
Fueron los medios de comunicación que protagonizaron la libertad de informar a la población sobre los hechos cotidianos y de la vida pública para que los ciudadanos pudiesen formar sus opiniones y ejercer los llamados derechos de la ciudadanía y decidir sobre el futuro de sus países.
Llegando al siglo XXI, algunos gobernantes comenzaron a considerar a los medios de comunicación como adversarios de sus proyectos para la permanencia en el poder y al mando del pueblo. La prensa divulga e informa sobre todo hecho importante de la vida pública y a menudo denuncia conductas ilícitas de gobernantes ansiosos de mantener el poder, conductas que muchas veces significan irregularidades administrativas, daño al patrimonio público y a la democracia en general.
Algunos dicen que hay excesos de los medios de comunicación en su labor de informar. Otros cuestionan la propiedad de los medios de comunicación, tratando de persuadir a la gente de que los propietarios poseen oligopolios que son lesivos para la pluralidad de la información.
Hay quienes quieren discutir normas restrictivas para la libertad de expresión de los medios de comunicación social y también tenemos los que quieren la intervención del estado en los medios para que éstos estén al servicio del gobierno, no del estado de derecho y la democracia. Estos retrocesos, a menudo, tienen el apoyo de algunos grupos que se autodenominan “movimientos sociales” que, en buena parte de los casos, están al servicio de facciones de los partidos políticos que, al fin y al cabo, están interesados en la permanencia o en la toma del poder y no en el ejercicio de la ciudadanía y las libertades.
Los primeros movimientos tuvieron éxito en Venezuela. El entonces presidente Chávez intervino efectivamente en los medios de comunicación y los hizo silenciar. Su supuesto argumento de sustentación eran las urnas, que lo eligieron por varios mandatos.
Sin embargo, sabemos que una democracia no se limita al proceso legítimo de elecciones, sino a cómo el candidato electo gobierna y discute democráticamente con la población sobre el futuro de su pueblo. Fue implantado el modelo de socialismo bolivariano que censuró decenas de emisoras de radio y televisión que informaban bien, que fomentaban el libre flujo de ideas y opiniones y que daban entretenimiento a la población.
Luego tuvimos movimientos en Ecuador, Bolivia y Argentina. En Argentina, una nueva ley de medios trajo algunos retrocesos, quebrantando actos jurídicos firmes y derechos adquiridos de concesionarios de radiodifusión no alineados con el gobierno.
En Ecuador y Bolivia no fue afectada solamente la libertad de expresión, sino la seguridad jurídica como un todo. Simplemente se presionó y atacó a las empresas privadas como si todo aquello que estuviese en el territorio de esos países fuera del estado. Se ignoró por completo la propiedad privada.
Desafortunadamente, no hay perspectivas de mejora para estos países.
Como si no fuese suficiente, ahora tenemos novedades en Uruguay. Este país ha sido notoriamente neutro a iniciativas radicales, sean de derecha o de izquierda, y ha sido reconocido como uno de los países más democráticos de América Latina. Aquí, un proyecto para una nueva ley de medios se encuentra en trámite y traería un preocupante retroceso en términos de libertad de expresión, de seguridad jurídica y de libre iniciativa.
Ciertamente no es un proyecto del presidente José Mujica, quien incluso ha formulado declaraciones públicas manifestando sus dudas acerca de la conveniencia de impulsar una ley para la regulación de los medios de comunicación en Uruguay.
El Uruguay necesita desarrollar sus comunicaciones y ese desarrollo debe darse en un ámbito de libertad y no en un marco de control estatal. El proyecto de ley es promovido por algunos sectores del gobierno y es completamente contrario a estos principios.
En otro orden, también hay que señalar el terrible y deplorable fenómeno que se registra en distintos países y regiones, con múltiples casos de violencia y crímenes contra periodistas, comunicadores y medios, con el agravante de que muchos de estos atentados continúan impunes.
Lamentablemente el ejercicio de la libertad de expresión es hoy una actividad de alto riesgo en muchos lugares. En América Latina hubo 18 periodistas asesinados en 2013, según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vale recordar que el año pasado la “Conferencia sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad”, organizada por la UNESCO en San José de Costa Rica, estableció en su Declaración Final la profunda preocupación “por los ataques contra la libertad de expresión y en particular contra aquellos que practican el periodismo” y solicitó a los estados miembros de la UNESCO que “creen un entorno jurídico e institucional seguro para que los periodistas puedan informar” y garanticen “que los crímenes contra periodistas o medios de comunicación estén sujetos a investigaciones y enjuiciamientos independientes, rápidos y eficaces”.
Los medios de comunicación y la prensa en su conjunto son esenciales para la democracia y para la humanidad. Se necesita de su plena libertad para permitir a los profesionales hacer la cobertura de noticias, narrar los hechos y llevarlos a conocimiento de la opinión pública.
Sin libertad de expresión no hay democracia.
Alexandre K. Jobim es presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR-IAB) cuyas oficinas centrales se encuentran en Montevideo, Uruguay.
