El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el acto mediante el cual se dio a conocer la iniciativa de reforma al marco legal de las telecomunicaciones. CIUDAD DE MÉXICO — Una reforma jurídica que podría transformar el modelo de medios y telecomunicaciones se impulsa en este país como consecuencia de un acuerdo político-nacional, el Pacto por México, firmado por los principales partidos políticos y el gobierno federal en diciembre de 2012.
Por Gabriel Sosa Plata
La reforma que se plantea es de carácter constitucional y tendrá que derivar en una nueva ley reglamentaria de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que deberán ser abrogadas la Ley Federal de Radio y Televisión, de 1960, y la Ley Federal de Telecomunicaciones, de 1995, actualmente vigentes.
Durante el acto de presentación de la iniciativa, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones busca consolidar la cobertura universal de televisión, telefonía y banda ancha, reducir el precio a esos servicios y elevar su calidad.
Peña Nieto dijo que el espíritu democrático de la reforma es claro: el estado mexicano tutela, ante todo, el interés de los consumidores. “Las concesiones que otorga el estado a los particulares deben cumplir una condición elemental: servir al país”.
Entre los cambios que se proponen destaca la creación del Instituto Federal de las Telecomunicaciones (Ifetel), de autonomía constitucional, que sustituiría a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Este Instituto tendría, entre otras atribuciones, la facultad de otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Actualmente existe esta atribución compartida entre el gobierno federal y la Cofetel. Por ejemplo, para que la Cofetel entregue o prorrogue una concesión de radio o televisión abiertas, la Secretaría de Gobernación debe emitir una opinión.
El Instituto también tendría atribuciones en materia de competencia para evitar prácticas desleales o monopólicas, así como establecer medidas correctivas respecto de los operadores que tengan poder sustancial en el mercado.
En México, los índices de concentración de frecuencias y mercados en telecomunicaciones son de los más elevados en el mundo. En televisión abierta sólo dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, tienen el 95 por ciento de las concesiones y más del 95 por ciento de la audiencia y de inversión publicitaria. En telecomunicaciones, una sola empresa tiene más del 80 por ciento del mercado de la telefonía fija, Telmex, el 70 por ciento del mercado de la telefonía móvil (Telcel) y el 70 por ciento de las suscripciones a Internet (Prodigy).
Aunque en radio no hay problemas de concentración similares, sí hay regiones del país en las que la oferta es limitada, ya que sólo existe uno o dos operadores de estaciones de radiodifusión.
La propuesta plantea un nuevo régimen de concesiones para que haya concesiones de uso comercial, de uso público y de uso social. Las de uso comercial serían para la explotación emisoras comerciales; las de uso público para ser operadas, por ejemplo, por diferentes niveles de gobierno y universidades, y las de uso social para ser asignadas a organizaciones de la sociedad civil como emisoras comunitarias o para comunidades indígenas.
De esta manera, desaparece la figura de permiso que, con base en la legislación actual, es el que se otorga para la explotación no comercial de frecuencias de radio y televisión, cuya asignación se hace de manera directa a gobiernos, organizaciones y universidades, con la prohibición expresa de incorporar anuncios comerciales u obtener otras fuentes de ingresos.
Se prevé que en la legislación secundaria se incluya la posibilidad de que las concesiones de uso social y público puedan obtener ingresos, aunque fuesen acotados.
En cuanto a los denominados medios públicos, se precisa en los artículos transitorios que los legisladores tendrán que incluir en la ley reglamentaria “que los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”.
En la redacción de la reforma participaron los dirigentes de los tres principales partidos políticos: PAN, PRD y PRI, así como el Poder Ejecutivo. De los conceptos vertidos destacan los de “independencia editorial” y “opciones de financiamiento”, por lo que organismos de radiodifusión, actualmente operados por el gobierno federal, como el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Radio Educación, dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tendrían que adecuarse a la nueva normativa para cumplir dicho principio y acceder, de ser el caso, a otros ingresos, además de los recursos otorgados que les otorga la federación.
Lo mismo deberá suceder con instituciones de radio y televisión que operan gobiernos estatales, por ejemplo, el Sistema Mexiquense de Radio y Televisión o el Sistema Radio Nuevo León.
Beatriz Solís, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explica que con las concesiones de uso público se daría así un primer acercamiento al modelo de medios públicos, que hoy, como tales, no aparecen en la legislación actual ni tampoco operan en la práctica, aunque sean denominados y se autodenominen así.
Otras de las propuestas es la obligatoriedad de “regular el derecho de réplica”, una asignatura pendiente en radio y televisión, ya que con base en el actual Reglamento de Radio y Televisión, el otorgamiento de dicha réplica queda bajo un criterio discrecional del concesionario o permisionario de radiodifusión.
En la iniciativa se plantea de igual manera que el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial (en este caso, suponemos, de la SCT y la Cofetel) “un programa de trabajo para disminuir la separación entre estaciones de radio”.
De esta manera, se continuará “trabajando” en la modificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para disminuir la separación de 800 kHz a 400 kHz entre dos emisoras de FM en operación. Esto permitirá abrir los espacios para nuevos jugadores en este medio de comunicación y dar la oportunidad a concesionarios y permisionarios de AM, que por esta condición técnica no alcanzaron una FM, con base en el “Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la Radio Digital”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2008.
El tema de la reducción de espacios entre dos emisoras de FM tiene años discutiéndose y aunque se ha demostrado su viabilidad, algunos radiodifusores se han opuesto a su aprobación, lo que ha retrasado los planes de la Cofetel en esta materia.
Hasta el cierre de esta edición de Radio World América Latina, la reforma estaba por ser aprobada por la Cámara de Diputados para de ahí ser enviada a la Cámara de Senadores. En caso de ser aprobada por los senadores en sus términos, será enviada a los congresos de los estados de la federación. Por tratarse de una reforma constitucional, al menos 16 estados del país tendrán que dar su voto favorable para que entre en vigencia, una vez promulgada por el Poder Ejecutivo.
— Gabriel Sosa Plata es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y periodista, que contribuye regularmente con artículos para Radio World desde México.
