En el senado mexicano se presentó el 26 de marzo una iniciativa que obliga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a entregar de inmediato las frecuencias abiertas de radio y televisión que requieran los poderes legislativo y judicial (Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
A nombre del Partido Convergencia, el senador José Luis Lobato, responsable de la iniciativa, asegura que no se trata de un tema sobre concesiones “sino que, al ser el Congreso de la Unión uno de los tres poderes supremos, en un sistema de pesos y contrapesos, se encuentra facultado para tomar determinaciones autónomas sin necesitar para ello, la anuencia del Poder Ejecutivo”.
La propuesta consiste en la modificación del artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión adicionando un párrafo tercero para quedar como sigue:
“Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará obligada a entregar de inmediato al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las frecuencias de radio y televisión que estos poderes requieran para el correcto desempeño y difusión de sus actividades”.
Luego dice: “Para tales efectos, la Secretaría citada deberá cuidar que esas frecuencias garanticen la óptima transmisión de la señal en todo el territorio nacional en la banda o señal que el Congreso solicite, analógico o digital, prestando todo el apoyo material, técnico y logístico sin ninguna limitación para el adecuado funcionamiento de sus canales. Todos los gastos que impliquen la puesta en marcha, funcionamiento y operación de esas frecuencias, correrán por cuenta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El presupuesto de Egresos de la Federación preverá anualmente el importe de dichos gastos”.
En su exposición de motivos, el senador Lobato dice que “los poderes de la Unión legislativo y judicial no deben seguir relegados a difundir su diálogo institucional y sus actividades sustantivas para la nación en una frecuencia de televisión elitista y de limitada cobertura de difusión”.
Y es que ambos poderes cuentan actualmente con dos canales que se transmiten exclusivamente en los sistemas de televisión de paga en el país, mientras que la Suprema Corte de Justicia sólo dispone de un programa a la semana en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), para lo cual tuvo que firmar un convenio.
También afirma que, de aprobarse, esta iniciativa abre el camino para que comunicadores, técnicos y reporteros encuentren dentro de la estructura del estado un espacio abierto e idóneo para el desarrollo profesional de la comunicación social e institucional.
El Canal del Congreso ha solicitado una frecuencia de televisión abierta, pero hasta ahora, por razones inexplicables, no se le ha otorgado.
