Radio Uekakua, emisora de 5 Watts de potencia ubicada en la comunidad de Ocumicho, Michoacán, y que transmite en lengua purépecha, fue desmantelada por no contar con permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Pero a diferencia de lo ocurrido con otros desmantelamientos, el gobierno ahora trata de enviar a la cárcel a los impulsores de los proyectos de radiales que operan sin autorización. Por ello, organizaciones de la sociedad civil divulgaron un comunicado en el que expresan su “rechazo por la persecución penal ejercida por parte de autoridades federales en contra de Rosa Cruz, de ocupación artesana, apenas hablante del español y que es integrante de la radio comunitaria purépecha Uekakua”.
Cruz es ahora indiciada por la comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, cuya pena máxima puede ser de hasta 12 años de prisión.
Desde 2002, esta radiodifusora ha solicitado permiso para transmitir. Sin embargo, no han obtenido respuesta de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
En opinión de la AMARC-México, “esto violenta el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a operar sus propios medios de comunicación, reforzado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estableció que en la Ley Federal de Radio y Televisión existe una omisión legislativa”.
El caso de Cruz se suma al de Radio Tierra y Libertad, de Monterrey, cuyos impulsores hoy enfrentan procedimientos penales similares, luego de que la emisora fuera cerrada con un fuerte operativo policiaco.
Las organizaciones firmantes expresan “su rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias y hacen un llamado urgente a las autoridades a fin de que cesen esta persecución y lleven a cabo las acciones necesarias a fin de resolver las solicitudes pendientes de permiso de manera inmediata”.
