Luego de que varios fallos judiciales de primera instancia obstruyeran la aplicación de la nueva Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD) emitió un comunicado alertando a la ciudadanía sobre tales maniobras y exigiendo una “aplicación sin condiciones” de la norma.
“El Poder Judicial no debe pasar a la historia como quien impidió que las mayorías nacionales que lucharon y luchan por la libertad de expresión y el derecho a la información vuelvan a quedar silenciadas”, subraya el documento.
Entre otros aspectos, el texto señala que las citadas medidas cautelares “atacan al corazón del proceso de democratización de las comunicaciones”, porque impiden la desmonopolización de la propiedad de los medios y obstaculizan el acceso de los ciudadanos a “información pluralista y diversa”.
“Los grandes grupos económicos y los multimedios — cuatro empresas controlan el 80 por ciento de los contenidos audiovisuales en la Argentina —, por sí o por terceros, ponen en jaque la aplicación de la ley con el solo objetivo de perpetuar su poder manteniendo la ley de la dictadura y eximiendo a los medios de la obligación de transparencia, pluralismo, producción nacional, propia y local que exige la nueva ley”, puntualiza el escrito.
Al mismo tiempo, el comunicado denuncia el intento de impedir que la ciudadanía, sus organizaciones y representantes políticos “tengan voz y voto para decidir el destino de la política de comunicación del país”, de manera que ésta quede atada “al deseo de los multimedios y su capacidad de presión”.
Y por tal motivo remarca que “las 300 Organizaciones que integramos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, convocamos al Gobierno Nacional, a los gobiernos provinciales, a los integrantes del Parlamento, a los jueces de la Nación y las organizaciones sociales a garantizar la pronta aplicación de la Ley”.
Pocos días después de esta presentación, tras el plenario de la organización desarrollado el 26 de febrero, la CRD adoptó dos nuevas medidas de apoyo a la Ley 26522.
En primer término, recomendó que ninguno de los colectivos que la conforman “realice presentaciones ante la justicia” sin el consenso del resto, para evitar que las mismas puedan “demorar los plazos de la pronta puesta en vigencia de la Ley”.
Y en segundo lugar convocó a una radio abierta el primero de marzo, en la Plaza de los Dos Congresos, que fue acompañada por una nutrida concurrencia y contó con la apertura de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.
